Omar Barrera Hernández,
director Instituto de Investigaciones Legislativas
Cuernavaca, Morelos, México, 10 de agosto de 2020. Específicamente tres casos son la muestra de que el combate a la corrupción que ofreció el gobierno de Andrés Manuel López obrador está en marcha:
- La detención de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, acusado de desviar dinero público para su beneficio y a campañas del PRI.
- La extradición de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, acusado de haber recibido sobornos de Odebrecht.
- La extradición de Tomás Zerón, ex director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, acusado de desviar las investigaciones sobre Ayotzinapa.
El golpe a la corrupción que se da con la extradición de Emilio Lozoya, es contundente, se sabe que delatará a políticos de diferentes partidos, que recibieron sobornos para que se diera la Reforma Energética que impulso el expresidente Enrique Peña Nieto. Son muchos los personajes de la política nacional que deben andar nerviosos.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) inició el proceso para solicitar al gobierno de Canadá la extradición Tomás Zerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, a fin de que responda aquí por los delitos relacionados con el caso Ayotzinapa.
El Gobierno ha dicho también que es importante la extradición de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, para que sea procesado en nuestro país.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dejó claro que “no hay intención de utilizar de manera política la aplicación de la ley”, y enfatizó que no fabricarán delitos a nadie, “como era costumbre”.
Con estas acciones el Gobierno demuestra que la lucha contra la corrupción va en serio. Sin embargo, el hecho deberá ir respaldado de expedientes irrefutables que permitan a los jueces desmantelar las redes de corrupción , imponer sentencias ejemplares y además se busque resarcir los daños y restablecer la confianza de los ciudadanos.
