Por Ángel Hernández
Danae Gutiérrez González, agente del Ministerio Público adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Morelos laboró en la Fiscalía General del Estado de Morelos desde el sexenio de Graco Ramírez (2012-2018), el gobernador que enfrenta un proceso de juicio político y para el cual trabajó (y al parecer hasta la fecha).
Su principal tarea: influir en el resultado de los litigios: vende sus servicios para favorecer al mejor postor en los juicios que se llevan a cabo en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos.
Varias de sus víctimas han visto cada vez más lejana la posibilidad de conocer la justicia en sus respectivos procesos legales.
A Danae Gutiérrez González la llaman también “la celestina del Tribunal”, pues es capaz de redactar documentos con toda clase de falsedades, impugnaciones y objeciones para favorecer a una de las partes en conflicto, aunque sea con mentiras y pruebas fabricadas, modificando así la vida de las personas a las que perjudica sin el menor sentimiento de culpa, con la sangre fría de un psicópata.
También los psicólogos del Departamento de Orientación Familiar Beatriz Gorostieta Garavito y Cristóbal Mariaca Torres han sido señalados por la venta de sus dictámenes periciales al mejor postor, ambos se encuentran a cargo de la directora Jessica Liliana Ramírez Díaz (cuyo trabajo ha sido visto con opacidad, jactancia y prepotencia desde hace varios años), quien fue denunciada en 2017 por Gabriela Cordero Álvarez, “quien tenía tres años trabajando en el Departamento de Orientación Familiar, quien con su abogada Naibí Ríos Sandoval, ofrecieron una rueda de prensa en la Plaza de Armas de Cuernavaca -ese mismo año- para denunciar la violación de derechos humanos y conductas ilegales cometidas presuntamente por Jessica Liliana Ramírez Díaz, jefa del área, y una persona identificada como Mauricio” (La Unión de Morelos 12/10/17).
Jessica Liliana Ramírez Díaz, denunciada penalmente por el delito de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, “fue más allá, hizo señalamientos sin fundamento sobre su vida personal en cuanto a ser madre soltera, sobre presuntas relaciones íntimas y favoritismo con determinados abogados, todo sin el sustento de ley que se requiere” (Sin Línea, 12/10/2017).
Gabriela Cordero Álvarez agregó que “El 10 de octubre –de ese año-, sin notificación oficial, me anuncian que desde ese momento ya no laboraba como psicóloga para el TSJ, al querer abandonar las instalaciones Liliana Ramírez Díaz comenzó a hostigarme, afirmando que había sustraído pertenencias de la institución e indicó al personal de vigilancia que no me dejaran salir, teniéndome retenida por varias horas, mientras su acoso y violencia seguían”.
“Por su parte, la defensora particular de Cordero Álvarez, Naidy Ríos Sandoval exigió a la entonces magistrada presidenta del Poder Judicial, María del Carmen Verónica Cuevas López se salvaguardara la integridad y la vida de su cliente, debido a que fue amenazada por parte de la directora de ese departamento, además de que solicitaron la reinstalación inmediata del puesto de trabajo, así como la destitución inmediata de la directora, Jessica Liliana Ramírez Díaz por anteponer la moral y religión a sus obligaciones como servidora pública, entre otras más” (Morelos24, 13/10/2017).
Varias víctimas de estos funcionarios se acercaron a quien esta columna suscribe para reclamar justicia por el proceder de Danae Gutiérrez González y de Jessica Liliana Ramírez Díaz, de ésta última por solapar las trapacerías y falta de ética de sus psudopsicólogos, ya que advierten:
“Mucha gente que no ha tenido la posibilidad de denunciar se ha resignado a los resultados y simplemente callan, estas señoras llevan años haciéndole daño a la sociedad, son infractoras con permiso para infringir la ley, como ciudadanos no debemos acostumbrarnos a que las instituciones fueron creadas para fomentar la injusticia y la corrupción, y sobre todo la impunidad; desafortunadamente la mayor de las veces este tipo de personas, que son parásitos de las instituciones, son las únicas beneficiadas, tal pareciera que los órganos de justicia fueron creados para que esta gente sea la única beneficiada, la justicia se ha convertido en una mafia, pues es un modus vivendi el que ya tienen, ya que se aprovechan del cargo para incidir en los procesos legales y favorecer a quienes les pagan o a quienes les place, invitamos a todos los que hayan sido víctimas de esta Ministerio Público y de la directora del Departamento de Orientación Familiar a que las denuncien sin miedo, ya que lo menos que podemos exigir es que las despidan, pues no conocen la ética ni su significado, pues para conocimiento de la sociedad, estas funcionarias tiene un salario pagado con nuestros impuestos, y no ganan tres pesos, y lo más demencial es que no trabajen para nuestro beneficio, sino para perjudicarnos”.
Asimismo, los afectados solicitaron de manera urgente que el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso Díaz y el Fiscal Uriel Carmona Gándara, investiguen a fondo, revisen y evalúen de manera personal el proceder y las actividades de estas funcionarias, ya que no se puede tolerar que de manera flagrante una Ministerio Público o la Directora de un Departamento trabajen en una institución de justicia para satisfacer sus fines personales, “la instituciones no fueron creadas para cumplir los sueños o dar felicidad a unos cuantos, son para beneficio de la sociedad ”; por gente como ésta la imagen de las instituciones se empaña y ensucia; añadieron que esta es la primera de varias denuncias públicas contra estas servidoras públicas, a la cuales no soltarán hasta que renuncien del cargo, se supone que los funcionarios de las instituciones de justicia están obligados a actuar con total imparcialidad, lealtad y objetividad, pero no es así, la versión de la ley que este tipo de funcionarias tienen corresponde a su subjetividad y a sus intereses.