En los Centros de Reinserción Social de Morelos, existe falta de personal, deficientes servicios de salud, ausencia de actividades laborales y de capacitación, así como gobernabilidad en riesgo constante, concluye el estudio elaborado por la CDHM.

Cuernavaca, Morelos, México; 6 de noviembre de 2020. Atender, revisar y promover soluciones a la problemática observada en el “Diagnóstico Estatal de Supervisión Penitenciaria 2019”, exhortó la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz al Titular de la Comisión de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado (CES-Morelos), ya que a diez meses de que la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHM) emitió el citado estudio, no se observan acciones al respecto.

“En las cárceles de Morelos, ni se readapta ni se logra el propósito de preparar a los reos para su reinserción a la sociedad y constituyen un foco rojo en la administración de justicia en el Poder Ejecutivo de Morelos”, por lo que este instrumento que fue publicado en el mes de enero del año en curso, no puede ser minimizado o ignorado”, subrayó la coordinadora de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo.

Puntualizó que respecto a la sobrepoblación en los Centros de Reinserción Social de Morelos: tres de ellos presentaron una “alarmante sobrepoblación”; uno está a punto de llegar a su máxima capacidad; y sólo uno, el de Jonacatepec, cuenta con población acorde a los parámetros aceptados y avalados por la CNDH y que todo esto trae consigo el hacinamiento.

El diagnóstico, detalló la diputada, concluye que existe falta de personal, deficientes servicios de salud, ausencia de actividades laborales y de capacitación, así como gobernabilidad en riesgo constante, esto último derivado también de las condiciones de hacinamiento, sobrepoblación y falta de custodios, lo que genera las condiciones para la repetición continua de motines como los que han registrado los medios de comunicación.

Tania Valentina, aclaró que su exhortó no reclama ni busca ningún tipo de privilegios para quienes pagan con la privación de la libertad el daño que han causado a la sociedad, sino que el único objetivo es garantizar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, lo cual es una obligación del Estado Mexicano.

Asimismo, consideró que como representante popular es necesario estar al pendiente e impulsar las acciones tendientes a que “nuestro Estado atienda con eficiencia y apego a la Ley todas sus responsabilidades, incluida en este caso la correspondiente a la reinserción social”.