Por la redacción
Cuernavaca, Morelos, México; 7 de abril de 2021. «Corruptos y solapadores de la impunidad» han sido llamados los psicólogos y la directora del Departamento de Orientación Familiar del Tribunal Superior del Estado de Morelos, Jessica Liliana Ramírez Díaz, el cual opera con la complicidad del presidente de dicha institución, Rubén Jasso Díaz, quien permite toda clase de delitos e irregularidades en las convivencias entre padres e hijos.
Según el acuerdo del 11 de mayo de 2011, en el cual se establece el reglamento del Departamento de Orientación Familiar, se afirma que: “Una de las razones, originalmente consideradas, para la creación del Departamento de Orientación Familiar, lo fue y sigue siendo, el atender las encomiendas que los jueces del orden familiar remiten a efecto de atender de manera organizada y efectiva la convivencia entre los hijos y los padres en conflicto familiar, circunstancia de primordial orden social, en razón de su trascendencia para el desarrollo armónico de los menores, que frente al conflicto no tienen responsabilidad alguna y si se ven sumamente afectados por el rompimiento de relación de sus congéneres”.
Al denunciar que en ese Departamento se permite que los padres discutan en presencia de los hijos, un grupo de padres inconformes declararon a este medio informativo que incluso se permite que estén ahí los padres a quienes no corresponden las convivencias, violando los principios por los cuales fue creado dicho departamento, pues “lo que ahí menos se respeta es el interés superior del niño, ya que de forma por demás dolosa se permite que el padre que no tiene  asignada la convivencia manipule al menor para tratar de forma grosera y despectiva al progenitor al que sí le corresponden las convivencias”.
Los psicólogos de ese departamento, como es el caso del señor Cristóbal Mariaca Torres, permiten que los padres tengan discusiones delante de sus hijos, de hecho estas discusiones son fomentadas por el propio psicólogo, ya que permite que la contraparte a la que no le corresponde la convivencia se encuentre al lado del menor durante dicha actividad, lo cual deviene en diferencias, por lo cual mencionan los afectados que “hay que ser retrasado mental para reunir a dos padres que se divorciaron por razones obvias, se supone que se divorciaron porque no congeniaban y ambos están pidiendo la custodia del menor, por lo cual resulta un acto de mala fe  juntarlos frente a su menor hijo para que discutan frente al niño y le causen daños irreversibles, faltando a toda ética y a todo principio profesional, esto es a lo que se dedica el Departamento de Orientación Familiar, dirigido por Jessica Ramírez Díaz, quien desafortunadamente realiza actividades propias de la delincuencia organizada, pues impedir una convivencia se equipara a un secuestro, en lo cual esta señora parece tener mucha experiencia, pues cuenta también con oscuros datos en su trayectoria como funcionaria, y acusaciones como la de privación ilegal de la libertad obran en sus antecedentes”.  Tanto la directora como sus psicólogos se burlan de las órdenes judiciales de los jueces, tomándose atribuciones que no les corresponden, pues buscan incidir en los resultados de los juicios.
Los afectados indicaron que incluso las plataformas virtuales se encuentran intervenidas, ya que a los padres a los que les asignan sus convivencias no les permiten ingresar sino hasta ya pasada más de la mitad del tiempo que les corresponde, esto con la intención de impedir que desarrollen lazos afectivos con sus hijos, lo  cual deja ver que el Departamento de Orientación Familiar es un negocio redondo donde se ofertan privilegios al mejor postor.
Los afectados exigen nuevamente la renuncia de la titular del Departamento de Orientación Familiar, Jessica Liliana Ramírez Díaz y el despido inmediato de su equipo de psicólogos, por tratarse de gente sin escrúpulos son considerados como infractores, toda vez que no velan por el bienestar de los menores, sino de su bolsillo, ya que reciben sobornos de las contrapartes para favorecerlos, asumiendo un papel que no les corresponde. Hicieron un llamado también a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que se realice una investigación seria y se les retire la cédula profesional a quienes llamaron “parásitos de la abogacía y de la psicología”.
“Es una burla que haya este tipo de gente que no ve al ciudadano como persona, sino como un negocio, como una oportunidad de obtener ganancias, y que en esas componendas haya menores que son alejados de uno de sus progenitores sin el menor pudor, son gente cínica y podrida, es una pena que sexenio con sexenio sigan ahí los mismos corruptos en las  nobles instituciones de Morelos, y que encima reciban un salario que se origina de nuestros impuestos, para que a la postre seamos tratados con groserías, con fabricación de pruebas, con despotismo y con impunidad, ese Tribunal es un chiquero”, finalizaron.