Por Máximo Cerdio

Jojutla, Morelos; 17 de octubre de 2022. Amalia Alejandra Hernández Hernández, representante del Colectivo Desaparecidos Tetelcingo y Jojutla, reveló una serie de irregularidades al inicio de la reapertura de las fosas en el panteón de la colonia Pedro Amaro de Jojutla.

Explicó que el fiscal General Uriel Carmona Gándara no llamó a todos los colectivos de víctima para estar presentes en las diligencias, como a la Red de Eslabones por los Derechos de los Desaparecidos y el colectivo que ella representa convocado el jueves de la semana pasada, a pesar de que el fiscal sabía que se presentó un escrito en donde se le pedía que cuando convocara a la cntinuaciónd de las diligencias avisara.

Vamos a comenzar excluyendo colectivos y en una desinformación sobre las particularidades del proceso de búsqueda, exhumación, identificación de los cuerpos, explicó.

También dijo que la información que la Fiscalía general del Estado de Morelos dio a los representantes de los colectivos fue una información muy generalizada y eso vulnera sus derechos al conocimiento de la verdad.

Sabemos algunas autoridades que van a participar pero no lo que van a hacer con detalle en este proceso.

De los 116 cadáveres que se exhumaron en Tetelcingo sólo 6 se han identificado, y parecen que fueron 8 o 9, pero la Fiscalía ya no nos comunicó si hubo más.

En Jojutla  84 cadáveres y sólo 3 se identificaron, pero tampoco hemos sido convocados o informados los colectivos de familiares por la Fiscalía, que es la responsable de hacerlo.

Sobre las denuncias por las irregularidades, dijo que en Tetlecingo hay 43 denuncias contra servidores públicos y hay una audiencia intermedia en contra de uno de los servidores y hasta ahí, desde hace más de dos años; en el caso de Jojutla se le va a preguntar al fiscal Uriel Carmona si ya se inició alguna denuncia.

El fiscal Uriel Carmona puede decir que no era el titular de la Fiscalía en el proceso de exhumaciones, pero era el notario púbico y a él le tocó dar de un embalaje en donde venían dos adultos y un neonatal. Desconozco si entregó la información como notario. Peor él debió presenta denuncia como jefe de los ministerios públicos

Durante la presentación de los representantes de las instituciones que participaran en el proceso de exhumación Amalia Alejandra Hernández Hernández cuestionó también que no se invitara a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que es una parte que debe estar presente por una recomendación a la Fiscalía, ya que existieron una serie de irregularidades en los procesos de exhumación Tetelcingo y Jojutla.

Las autoridades presentes contestaron que estaba ahí la representante de Derechos Humanos del Estado de Morelos, per Amalia Alejandra insistió en que la recomendación ordenaba que fuera Derechos Humanos Nacional.

Amalia Alejandra Hernández también dijo que estaba preocupada porque tenían entendido que la Fiscalía sólo excavaría sobre una parte restante del lugar donde había más cadáveres, pero que en el proceso de búsqueda e exhumación de hace cinco años se acordó que se excavara más metros a lo largo, ancho y de profundidad, de donde se encontraba primer capa, porque había más cadáveres por la antigüedad de las fosas.

En diciembre de 2014, la Procuraduría exhumó de la fosa común de Tetelcingo el cuerpo de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, sobrino de Amalia Alejandra, secuestrado y asesinado por sus secuestradores.

La familia de Oliver comenzó una seria de trámites y denuncias para recuperar a Oliver y para ayudar a encontrar a sus familiares desparecidos, que derivó en la apertura, en mayo de 2016, de las fosas de Tetelcingo, donde se recuperaron 116 cuerpos que habían sido arrojados como basura.

En marzo de 2017 se abrieron las fosas del panteón de la colonia Pedro amaro en Jojutla.

En ambas hubo irregularidades y delitos en la inhumación de los cuerpos.

El mes de junio de ese 2017  se suspendió el proceso a decir de la Fiscalía porque se estaba buscando en lotes particulares, que no estaban ya en la fosa común.

Los trabajaos se suspendieron por pretextos y opacidad de la Fiscalía General del Estado de Morelos.