Notas, Zona Centro

Exige diputado renuncia de la fiscal Adriana Pineda por nulos resultados

José Casas foto de archivo
José Casas foto de archivo

También presentó 12 denuncias más contra ex diputados y ex funcionarios graquistas por falsificación de documentos para obtener pensiones doradas

Por Máximo Cerdio

Cuernavaca, Morelos, México; 13 de julio de 2020.El presidente de la comisión del Trabajo y Previsión Social en el Congreso del estado, José Casas González, presentó ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, 12 denuncias en contra de ex funcionarios y diputados de la pasada Legislatura por falsificación de documentos en la autorización de jubilaciones doradas y exigió el cese de la fiscal antisecuestros, Adriana Pineda por ineficiente.

El legislador José Casas González señaló que las denuncias son por las irregularidades cometidas durante la pasada Legislatura que benefició a ex funcionarios del Poder Legislativo y de la pasada administración del perredista Graco Ramírez para jubilarse.

Señaló que los ex diputados y ex funcionarios aprovecharon sus cargos para alterar registros laborales del Congreso para su beneficio, como el caso de Julio Espín quien jubiló a su esposa y tío y ya se judicializaron los expedientes que gozan del beneficio de la ley y lo mismo hicieron las diputadas Hortencia Figueroa Peralta y Beatriz Vicera Alatriste.

Indicó que hoy en día se están pagando jugosas pensiones que van desde los 17 mil hasta los 40 mil pesos mensuales y que no tenían mérito laboral, incluidos parientes y allegados a los legisladores que cuestan en total al erario 7 millones de pesos.

De igual forma anunció que presentará un punto de acuerdo ante el pleno, para exhortar al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara para que remueva a la titular de la Fiscalía Especializada del Combate al Secuestro y Extorsión Adriana Pineda Fernández porque su trabajo es ineficiente y no ha dado resultados.

Mencionó que antes de asumir su cargo no fue evaluada ni estaba certificada y se encuentra inactiva en el registro de personal de seguridad pública y recibe muchos recursos económicos como humanos para «fabricar delincuentes» y espirar a la gente.

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