Pedro Martínez Bello

La violencia en Morelos está imparable. Ninguna autoridad se quiere hacer cargo de ella, olvidan que es una obligación constitucional de alcaldes y del Ejecutivo brindar seguridad pública.

No existe un trabajo coordinado con las autoridades estatales y municipales, prevalece el rencor político entre alcaldes y el gobierno estatal.

El trágico homicidio múltiple de jóvenes de la colonia Antonio Barona da muestra de que ante el pleito entre el Ejecutivo y el alcalde capitalino, los criminales aprovechan; tan es así, que al siguiente día en esa misma calle donde masacraron a los jóvenes ultimaron a dos personas más.

Lo peor de todo es que, sin investigación previa, los gobiernos revictimizan y criminalizan a las victimas y sus familiares de hechos violentos, reduciendo todo a una guerra entre grupos criminales

En otras ocasiones el gobierno se ha convertido en relatores de los hechos, en lugar de salir a dar una postura sobre cómo van a prevenir los delitos de extorsión, feminicidios, secuestros y homicidios, que deje satisfecha a la ciudadanía.

La respuesta está en la coordinación eficaz entre las autoridades.

El gobernador debe asumir su facultad rectora y convocar a su gabinete de seguridad, a las autoridades correspondientes de los municipios, a los diputados, a los senadores a trabajar contra la inseguridad en favor de la población.