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Servidor público se ostenta como «Lic», pero no tiene registro de estudios

Constancia
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El Consejo de la Judicatura Federal, investiga a funcionario por posible uso de documento falso. 

Por la redacción

Cuernavaca, Morelos, México; 30 de octubre de 2020. El Consejo de la Judicatura Federal, inició el expediente 1443/2020, esto a raíz de que el pasado dos de marzo de dos mil veinte, “Rolando N”, acudió a la sede del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos, para tramitar unas copias y al ser tratado de manera grosera y de mala gana por parte del servidor público “Luis N”, quien se ostentó como Licenciado, decidió hacer valer sus derechos.

Por ello, Rolando N mediante el uso de la Plataforma Nacional de Transparencia, fue informado por parte de la Secretaria para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información, que Luis N, únicamente cuenta con el nivel medio superior.

Por su parte, Directora de Análisis e Información Institucional  de la Unidad de Transparencia  de la Secretaría de Educación Pública, le informó a través del uso del derecho a la información que respecto a la información académica del servidor público investigado, lo siguiente:

“Después de la búsqueda exhaustiva en los registros que obran en la Dirección de Operación de la Dirección General del Bachillerato, no se localizaron antecedentes académicos con nombre similar al de la presente solicitud.” 

Por lo que presentó formal denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, quien radicó el expediente con el número 47217/2020; así, de corroborarse que el documento con el que ostenta el grado académico el servidor público investigado puede ser acreedor a una sanción económica o inhabilitación.

Con independencia de que el Consejo de la Judicatura Federal, inicie la carpeta judicial por el ilícito de Falsificación de Documentos en General, previsto en el Artículo 243:

“El delito de falsificación se castigará, tratándose de documentos públicos, con prisión de cuatro a ocho años y de doscientos a trescientos sesenta días multa. En el caso de documentos privados, con prisión de seis meses a cinco años y de ciento ochenta a trescientos sesenta días multa. 

Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate, se aumentará hasta en una mitad más.” 

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