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Privan fallas, irregularidades, favoritismos y evidente corrupción del TSJ en casos familiares

Estatua de la justicia en el TSJ. Foto de archivo
Estatua de la justicia en el TSJ. Foto de archivo

Por la redacción

Cuernavaca, Morelos; 4 de abril de 2022. Padres de familia que actualmente sostienen un juicio familiar, tras solicitar la custodia de sus hijos, y que no han convivido con ellos por largos periodos pues su contraparte los tiene incomunicados totalmente denunciaron ante este medio las fallas, irregularidades, favoritismos y evidente corrupción del Tribunal.

Dijeron que algunos llevan años sin ver a sus pequeños, otros, meses.

Dieron a conocer que  finales de 2021 el Tribunal Superior de Justicia de Morelos les negó las convivencias a muchos varones con el pretexto de estar en un curso sobre violencia de género, en cual dura 6 meses.

También expusieron que el sistema judicial no está diseñado para defender el interés superior del niño, antes bien, protege los intereses de quienes pagan para separar a los padres de sus hijos, es pura simulación, incluso se protege a funcionarios del mismo Tribunal, quienes a cambio de sobornos falsean pruebas para favorecer a sus clientes, pues los psicólogos, que más bien parecen los verdaderos jueces, entregan a los juzgadores informes de que uno de los padres es violento y de que necesita una terapia psicológica, acto siguiente son remitidos a la Unidad de Género del Poder Judicial, donde son tratados de forma déspota, las sesiones se prolongan hasta 6 meses.

“Todo esto deviene en el perjuicio directo a los menores, pues al privarlos de uno de sus padres se generan daños psicológicos y se violenta el principio del interés superior del niño, el cual, como la realidad lo indica, no es una prioridad para las autoridades, pues el Tribunal Superior de Justicia de Morelos ha sido comparado más con una bolsa de valores o una casa de cambio, y no con una institución de Justicia para los ciudadanos”, argumentaron.

Las pruebas manipuladas son, en la mayoría de los casos, testimonios, exámenes y tests manipulados por los psicólogos del Departamento de Orientación Familiar, el cual es dirigido por Jessica Liliana Ramírez Díaz, precisaron.

También dijeron que una de las más evidentes irregularidades es que ese Departamento es apoyado de forma incondicional por el propio presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rubén Jasso Díaz, pues a pesar de las innumerables denuncias públicas de padres de familia acerca de la corrupta y lamentable gestión de Ramírez Díaz, la justicia retorcida de este Tribunal parece imponerse siempre”, añadieron.

Los padres de familia pidieron la destitución de Jessica Liliana Ramírez Díaz, funcionaria que, junto con su equipo de psicólogos, son acusados de daños irreparables en muchos menores del estado de Morelos.

También exigen una investigación exhaustiva de la planta de psicólogos de dicho Departamento, pues es delito fabricar pruebas contra los justiciables, toda vez que muchos de ellos, al igual que su jefa, han incurrido en desvío de poder, abuso de autoridad y tráfico de influencias, por lo cual muchos de estos funcionarios no deberían estar percibiendo un emolumento por parte de la institución, sino purgando una condena en el Penal de Atlacholoaya por los delitos que resulten, por lo cual invitaron a la ciudadanía a que no se quede callada y denuncie a estos vivales.

En particular han resultado muy populares los casos de los psicólogos Beatriz Garavito Gorostieta y de Cristóbal Mariaca Torres, éste último muy conocido entre la comunidad cuernavacense por ofrecer cínicamente sus dictámenes psicológicos al que mejor pague.

Agregaron que hay una estrategia perversa en el Poder Judicial de Morelos para criminalizar a los justiciables, se fabrican delitos en la institución a fin de favorecer a una de las partes (la que paga), dejando en claro que el Tribunal es una institución donde los que más ganan son los jueces, secretarios de acuerdos, actuarios y psicólogos, pues tal pareciera que el Tribunal Superior de Justicia de Morelos es una institución hecha para mantener funcionarios parásitos y corruptos, para beneficiar a la delincuencia institucional, a la cual no le interesan las familias ni el bienestar de los menores.

Invitaron a los justiciables a no quedarse callados y compartir su testimonio ante los medios de comunicación, ya que podrán describir y narrar cómo las autoridades han permitido todo tipo de arbitrariedades y actos de corrupción para separarlos de sus hijos.

Manifestaron que es una lástima que el Centro de Justicia para las Mujeres, ubicado en el sur de la ciudad de Cuernavaca, sea también una fábrica de delitos contra los varones, precisamente porque a través de denuncias falsas las señoras buscan ganar una custodia, y aunque tengan ya muchos años de haberse divorciado, acusan a su ex pareja, por lo regular, de “violencia familiar”, lo cual ni siquiera procede porque se comprueba que ya no hay ninguna relación ni convivencia y el delito no se acredita porque no hay tal. Sin embargo, hay mujeres que utilizan de forma alevosa y malintencionada la carpeta que se integró para enviarla al Tribunal Superior de Justicia, en donde ya hay una querella por la custodia de un menor, para acreditar que el varón es violento, y aunque no haya procedido, la carpeta ya es un indicio negativo que el juez toma en cuenta sobre la conducta del padre de familia. Hay una red de tráfico de influencias en el Tribunal Superior de Justicia, y esta consiste en que los jueces dan por ciertos los dictámenes manipulados de los psicólogos del Departamento de Orientación Familiar, cuando éstos llegan a su escritorio los dan por ciertos y así opera esta red, en la cual el verdadero juez termina siendo un psicólogo corrupto y sin ética, y cuyos dictámenes fueron pagados por una de las partes para favorecerla.

Se manifestaron respetuosos de las causas de las mujeres, pues muchas veces sufren maltratos de sus cónyuges, sin embargo, está más que probado que hay féminas que se dedican a utilizar las causas nobles y legítimas del feminismo para sus fines personales, por lo cual hicieron un atento llamado a las autoridades para que se proceda conforme a la ley contra quienes realicen denuncias infundadas para criminalizar a una persona en Morelos, ya sean funcionarios o ciudadanos, pues al usar los recursos del estado en contra de los  ciudadanos se desperdician esos recursos y se deja en la total indefensión a quienes son acusados de forma falsa e injusta, pues desafortunadamente a una mujer que miente todo mundo le cree por el simple hecho de ser mujer, aunque no tenga pruebas que ofrecer, todo esto con el apoyo de funcionarios corruptos.

Tal es el caso de Eva Karina Ramírez Melgar y de Ángela Ramírez García, adscritas al Centro de Justicia para Mujeres, quienes ha sido señaladas de forma reiterada por realizar denuncias falsas en innumerables ocasiones contra varones a los que no se les ha probado nada, lo cual se considera grave, pues debe investigarse si estas funcionarias se encuentran recibiendo dádivas para perjudicar a terceros, además de que se ha solicitado una investigación seria para saber si el apellido Ramírez vincula a estas funcionarias con Jessica Liliana Ramírez Díaz, pues podría tratarse de un caso de nepotismo y abuso de poder en el cual podría estar involucrado, incluso, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Rubén Jasso Díaz, toda vez que no es la primera vez que las instituciones de justicia se encuentran en manos de una sola familia.

Los denunciantes invitaron a denunciar a estas funcionarias ante las autoridades correspondientes para evitar que sigan delinquiendo con la estafeta de una institución. Los afectados solicitaron a las autoridades mayor rigor y cuidado en el manejo de las denuncias, a fin de que haya transparencia y se deslinden responsabilidades contra quienes incurran en un abuso de poder o en una denuncia falsa.

 

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