Por Máximo Cerdio

Cuernavaca, Morelos; 22 de octubre de 2021. En su intervención en la Firma del Convenio de Coordinación y Cooperación para la Implementación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, hizo un fuerte llamado a la Fiscalía General del Estado de Morelos, a cargo de Uriel Carmona Gándara, porque existe impunidad en 99 por ciento de los homicidios cometidos contra personas defensoras de derechos humanos y 94 por ciento en homicidio contra periodistas:

“No puede continuar esta situación. Aquí sí hay que hacer una llamado firme a las fiscalías de los estados, a la Fiscalía del Estado de Morelos, al Poder Judicial, a los jueces del Estado de Morelos, porque no podemos seguir enviando estos mensajes de impunidad que en nada ayudan a abatir estos niveles de violencia”, reclamó.

Encinas Rodríguez explicó que lamentablemente en los últimos años en el estado de Morelos se ha observado un nivel importante de agresiones particularmente por autoridades municipales a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, que ha significado que de desembre de 2018 a la fecha el homicidio de cuatro personas de censoras de derechos humanos y de dos periodistas.

También dio a conocer que  45 por ciento de las agresiones que enfrentan los periodistas y los defensores de derechos humanos proviene de la propia autoridad. Entre 80 y 90por ciento de estas agresiones quedan en la impunidad, dijo.

Asevero que se tiene que construir una nueva cultura que permita reconocer la importancia de estas actividades para fortalecimiento y el desarrollo de nuestra sociedad, y se tiene que encarar cargar las agresiones abatiendo la impunidad:

“Se tiene que enfrentar también el desprecio que desde las propias instituciones veces existe a la labor periodística y de defensores de los derechos humanos”, señaló.

Alejandro celebró la firma del convenio, instrumento que pretende articular no sólo los esfuerzos del Gobierno federal y local, sino del estado mexicano para encarar los problemas más graves en violación de derechos humanos que es atentar contra la libertad de información, derecho a la información y derecho a defender los derechos de las personas.