Los municipios podrían contratar en 2022, crédito hasta por el 25% de sus aportaciones federales del Fondo y deberán pagarlo en su misma administración

Cuernavaca, Morelos ; 3 de noviembre de 2021. La diputada Ariadna Barrera Vázquez presentó iniciativa para que se autorice a los 36 Ayuntamientos de la entidad a contratar, en 2022, financiamientos hasta por el 25 por ciento de sus participaciones correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Municipal y que sean pagados en la misma administración que los solicite.

Al presentar su propuesta en sesión ordinaria, este miércoles, la legisladora señaló que, ante la escasez de recursos que impera en todo el territorio nacional y al constituirse en una herramienta de financiamiento municipal, es una excelente opción utilizar la posibilidad de afectar las aportaciones federales para garantizar obligaciones o servir como fuente de pago de obligaciones.
Desde la tribuna del Congreso del Estado, la diputada Ariadna Barrera agregó que cada municipio podrá contratar el o los financiamientos autorizados en este Decreto en el transcurso del ejercicio fiscal 2022 y en cualquier caso deberán pagarlos en su totalidad en un plazo que no exceda el periodo constitucional de la administración municipal que lo contrate.
Cada contrato –abundó- deberá precisar el plazo máximo en días y la fecha específica de vencimiento del financiamiento, el cual podrán negociar los municipios con la institución de crédito integrante del sistema financiero nacional mexicano, los términos y condiciones del o los financiamientos que cada uno decida contratar, con excepción de la tasa fija.
Además, para determinar el monto de cada financiamiento y sus accesorios, se deberá considerar que no rebasen el 25 por ciento del total de las aportaciones anuales por concepto del FAIS Municipal, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal.
La legisladora destacó que los municipios requieren de recursos económicos que les permitan garantizar el desarrollo municipal y bienestar social, entendido como obras y acciones básicas e inversiones que beneficien a la población.
Lo anterior implica atender su responsabilidad en materia en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación, infraestructura básica en educación, salud, mejoramiento de vivienda, entre otros.