Por Máximo Cerdio
Ciudad de México; 5 de septiembre de 2025. Organizaciones migrantes están pidiendo la procedencia penal y juicio político en contra de legisladores involucrados en agresiones contra el Senador Gerardo Fernández Noroña.
En un documento firmado por líderes y directivos de varias organizaciones migrantes, éstos solicitan a Alejandro Gertz Manero, Fiscal General de la República y a Hugo, Erik Flores, presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión la procedencia penal y juicio político en contra del Senador Alejandro Moreno Cárdenas (conocido como “Alito” Moreno).
En el documento se detalla que en representación de la Coalición de Migrantes Mexicanos en el Exterior, organización civil sin fines de lucro integrada por federaciones de migrantes mexicanos radicados en Chicago, Illinois, Estados Unidos, están formulando denuncia y solicitud formal.
En el texto se explica que como es de conocimiento público, el pasado 27 de agosto de 2025, en el pleno del Senado de la República, se registraron graves agresiones físicas y verbales en contra del Senador Gerardo Fernández Noroña, Presidente de la Mesa Directiva del Senado. Dichas agresiones fueron perpetradas por el Senador Alejandro Moreno Cárdenas (conocido como “Alito” Moreno), dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien propinó empujones, puñetazos y amenazas de muerte al Senador Noroña, manifestando expresiones como “te voy a partir la madre” y “te voy a matar”. Además, se reportan daños a equipo de grabación de un colaborador del Senador Noroña, y se menciona la participación de otros legisladores y priistas en el incidente, tales como posibles cómplices en la orquestación de la violencia, incluyendo a Rubén Moreira Valdez y otros miembros del PRI que respaldaron o no intervinieron en las agresiones.
Los migrantes explican que dichas conductas constituyen delitos tipificados en el Código Penal Federal, específicamente:
Lesiones, de conformidad con los artículos 288 al 301 del Código Penal Federal, ya que las agresiones físicas (empujones y puñetazos) causaron daños corporales al Senador Noroña, independientemente de su gravedad, pudiendo clasificarse como lesiones que no ponen en peligro la vida pero que merecen sanción penal (por ejemplo, artículo 288: si tardan en sanar menos de quince días, se imponen de tres a ocho meses de prisión o multa).
Amenazas, conforme a los artículos 282 al 287 del Código Penal Federal, dado que las expresiones verbales proferidas por el Senador Moreno Cárdenas implican una intimidación explícita de causar un mal grave (muerte o lesiones severas), lo cual se castiga con prisión de uno a cinco años y multa.
Daños, en términos del artículo 387 del Código Penal Federal, por los perjuicios causados al equipo de cámara del colaborador del Senador Noroña durante el altercado.
Adicionalmente, considerando que los involucrados son servidores públicos federales con fuero constitucional (artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), solicitamos que se inicie de inmediato la carpeta de investigación correspondiente en la Fiscalía General de la República y se proceda a la solicitud de declaración de procedencia ante la Cámara de Diputados, a fin de remover la inmunidad procesal y permitir el ejercicio de la acción penal.
Asimismo, solicitan formalmente el inicio de un juicio político en contra de los legisladores involucrados, de acuerdo con los artículos 108 al 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia (reglamentaria de dichos preceptos constitucionales).
También explican que dichas agresiones no solo violan el marco legal, sino que representan un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho en México, fomentando un clima de violencia política que afecta la imagen del país ante la comunidad internacional, incluyendo a los millones de migrantes mexicanos que seguimos de cerca los asuntos nacionales. Como coalición, condenamos enérgicamente estos actos y exigimos justicia para preservar la institucionalidad.
“Adicionalmente: Condenamos enérgicamente la falta de respeto al Himno Nacional, a los símbolos patrios y al recinto legislativo por parte de los legisladores agresores. Sus acciones, ocurridas en el pleno del Senado, un espacio que representa la soberanía nacional y el respeto a las instituciones democráticas, constituyen una afrenta a los valores patrióticos que el Himno Nacional y los símbolos patrios encarnan, así como una violación al decoro y la solemnidad que deben prevalecer en el recinto legislativo, conforme a lo establecido en la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales (artículo 38) y el Reglamento del Senado de la República (artículos 6 y 7)”, puntualizan.
