Con la denuncia pública pretenden visibilizar que existen más víctimas indirectas que han padecido no sólo la ausencia y las muertes de sus seres queridos, sino la indolencia, negligencia y omisión de las instituciones

Por Máximo Cerdio

Cuernavaca, Morelos, México; 11 de septiembre de 2019. Familiares de desaparecidos en las fosas de Tetelcingo convocaron a conferencia de prensa para denunciar que la Fiscalía General del Estado no les notició ni los atendió para que pudieran hacer valer su derechos como familiares directos de las victimas cuyos cuerpos fueron encontrados e identificados en las tumbas de Tetelcingo, en Cuautla.

Se trata de familiares de seis personas que fueron sepultadas  en la fosas de Tetelcingo y que exigen fincar responsabilidades no sólo a los funcionarios que participaron en la inhumación ilegal, sino aquellos que omitieron informarles su derecho a ejercer acciones penales y solicitar al Estado la reparación integral del daño.

Las familias de Epigmenio Mentado Díaz, Liliana Domínguez Flores, Osvaldo Cándido Juárez Cárdenas y Ángel Marco Reyes, cuyos cuerpos fueron localizados en la fosa de Tetelcingo, exigieron a la Fiscalía General del Estado agilizar las investigaciones y no persistir en la omisión.

David Marroquín Ojeda, abogado y representante de una de las familias, expuso que el objetivo de hacer la denuncia pública es visibilizar que existen  más víctimas indirectas que han padecido no sólo la ausencia y la muertes de sus seres queridos, sino la indolencia, negligencia y omisión de las instituciones.

En algunos casos, las familias denunciaron ante la ex procuraduría de la justicia la desaparición de sus seres queridos e, incluso, algunas carpeta de investigación datan desde 2009, pero no fue hasta que fueron denunciaron la fosas de Tetelcingo y se realizó la inhumación de 118 cuerpos cuando descubrieron que los cuerpos de su familiares estaban ahí, explicó.

“El objetivo es presentar ante los medios de comunicación a todas las víctimas indirectas que ya están reconocidas dentro de la carpeta de investigación que se lleva por las fosas de Tetelcingo, en el proceso penal, y que están buscando ahorita en el juicio ser reconocidos como tal (como víctimas indirectas). Estos familiares no tenían conocimiento del derecho que tenían de formar parte del proceso y del acceso a la justicia”, aseveró.

Abundó en que tras los resultados de las pruebas genéticas aplicadas a los cuerpos exhumados de la fosa de Tetelcingo e identificación plena de sus familiares, les fueron entregados los cuerpos pero la autoridad nunca les ofreció información u orientación sobre su derecho a ejercer acciones legales contra los servidores públicos que incurrieron en irregulares por inhumación de los cuerpos sin protocolo alguno, y para exigir la reparación integral del daño, que incluye aplicar responsabilidades y sanciones administrativas y penales a todos los que participaron en la inhumación ilegal y omitieron apoyar a las familias para reclamar sus derechos.

“Lo único que se pretende es que se haga justicia, los familiares no quieren dinero, no quieren premios, no quieren dotaciones, lo que quieren es justicia y ese es un derecho esencial de las víctimas y eso es lo único que están reclamando”, dijo.

Hay dos ex funcionarios bajo proceso penal por su presunta responsabilidad en la inhumación ilegal de 118 cuerpos en las fosas de Tetelcingo, pero hay otros implicados y las responsabilidades podrían alcanzar al mismo ex gobernador, Graco Ramírez, y el ex procurador, Rodrigo Dorantes Salgado, así como 42 ex servidores públicos  más que –de acuerdo con la recomendación 48/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos- pudieron estar implicados.

Amalia Hernández Hernández nuevamente reiteró su exigencia al titular de la FGE, Uriel Carmona de Gándara, de la creación de una fiscalía especializada para dar seguimiento al asunto de las fosas e reiteró su desconfianza hacia los agentes del Ministerios Públicos a cargo de las investigaciones, porque no sólo han obstaculizado las indagatorias y el proceso penal sino que han mostrado su conflicto de interés y falta de profesionalismo para representar a la víctimas.