La federación exige la devolución de ese recurso que envió a Morelos para la adquisición de los vehículos

Por Máximo Cerdio

Cuernavaca, Morelos, México; 11 de septiembre de 2020. El consejero jurídico del gobierno del estado, Samuel Sotelo Salgado, anunció que el próximo lunes presentará ante la Fiscalía General de la República una denuncia por el posible desvío de recursos federales de un programa del DIF nacional, porque les están requiriendo la devolución del dinero ante el uso inadecuado que hizo la pasada administración con la adquisición de vehículos para personas con capacidades diferentes.

El funcionario estatal subrayó que este lunes, presentará dicha demanda ante la Fiscalía General de la República para que se finquen responsabilidades por el uso inadecuado de recursos federales que realizó el DIF estatal en la administración de Graco Ramírez por la compra de 10 vehículos para el traslado de personas con capacidades diferentes y que no cumplieron con la especificación y ahora les están requiriendo la devolución del recurso.

El consejero jurídico insistió que presentará esa denuncia para deslindar responsabilidades porque no le corresponde a esta administración.

“Estamos integrando la denuncia, cuantificando, porque son alrededor de 10 vehículos del programa nacional que no fueron aplicados correctamente debido a que no cumplen con la especificación, sí hay fechas para devolver el recurso, pero hay responsabilidad por el uso inadecuado, estamos en el litigio para deslindar, porque no nos corresponde a nosotros”, enfatizó.

Reveló que estima que requieren un total de 50 millones de pesos para enfrentar los pasivos heredados como los actuales ante las diversas demandas que enfrentan, entre ellos, el requerimiento de 11 millones de pesos de los ejidatarios por el balneario Agua Hedionda en Cuautla, donde el gobierno se amparó, así como temas laborales pendientes donde han celebrado varios convenios para pagar los finiquitos y donde no acceden, han recurrido ante los tribunales.

Reconoció que enfrentan bastantes juicios, pero la mayoría son de la administración pasada y de esta hay pocas, pero recalcó que requieren por lo menos unos 50 millones de pesos en general para enfrentar los temas pendientes.